La huelga de estibadores está convocada a partir del 6 de marzo
Los grupos parlamentarios no tienen claro su apoyo al texto en sus actuales términos
Fomento insiste en que sigue un mandato europeo
El Gobierno ha aprobado hoy el decreto de reforma del sector de la estiba, mientras se mantiene el desacuerdo entre patronal y sindicatos, con una huelga convocada a partir del 6 de marzo y sin tener claro que la norma vaya a salir adelante en el Congreso de los Diputados. Por el momento sólo cuenta con el apoyo claro del PP.
Por eso, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha puesto la pelota en el tejado de los grupos parlamentarios al recordar que en caso de no efectuarse este cambio legislativo, Bruselas va a aplicar a España una multa de 134.107,2 euros al día, hasta que se apruebe la reforma requerida, que se sumarán a los 21 millones que ya se han impuesto.
«Estoy convencido de que ningún grupo quiere que se vaya acumulando la deuda», ha señalado el titular de Fomento, para quien «se entendería de forma muy difícil» que se entrase «en un bucle» y no se aplicase la sentencia del Tribunal Europeo que es el origen de la reforma del sector de carga y descarga de buques. «Hago un llamamiento a la responsabilidad», ha afirmado De la Serna, que se ha mostrado convencido de que «cualquiera habría hecho lo mismo que hemos hecho».
También ha pedido «ayuda» a las formaciones políticas para «favorecer» el diálogo entre patronal y sindicatos y que contribuyan a que exista un «clima de diálogo sereno y tranquilo entre las partes, que más fácil será cuanto menos ruido político haya».
Preguntado por las negociaciones con otras formaciones para sacar adelante el decreto, De la Serna se ha referido a unas declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, en el sentido de que «hay que cumplir la ley» y «respetar los derechos de los trabajadores». «En este sentido, coincidencia plena», ha afirmado.
Sobre la huelga convocada a partir del 6 de marzo, ha reconocido que «no ayuda nada» y es «un elemento de presión sobre la negociación que no favorece el clima» necesario para llegar a un acuerdo. Ha afirmado que se van a establecer una serie de servicios mínimos para garantizar los abastecimientos, pero ha reconocido que unos paros de estas características «pueden tener consecuencias sobre toda la economía».
Además ha alertado de que «las empresas pueden tomar decisiones de carácter temporal ante los paros en cuanto al transporte de mercancías» pero «en algunos casos, pueden convertirse en situaciones definitivas y dañar al conjunto de la economía», sugiriendo la posibilidad de que algunas de ellas se planteen dejar el negocio en España. Según la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), que aglutina las principales compañías del sector, la huelga puede tener un coste de 50 millones de euros al día.
El Ministerio de Fomento ha llevado el decreto a la mesa del Consejo de Ministros después de haber aplazado su aprobación hace quince días para facilitar el diálogo entre la patronal y los sindicatos. Íñigo de la Serna, ha explicado que el real decreto es «el límite de flexibilización máximo» que ha permitido la Comisión Europea tras unas negociaciones «durísimas».
El departamento insiste en que, a partir de ahora, los sindicatos de estibadores y las empresas disponen de un año para hacer los ajustes necesarios dentro de la negociación colectiva. Los estibadores y la patronal Anesco están reuniéndose estos días en una mesa de negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, para intentar lograr un acuerdo sobre cuestiones como la subrogación de los actuales trabajadores, los requisitos de formación o la organización del trabajo.
Tras un encuentro celebrado el miércoles y que terminó sin acuerdo, ambas partes volverán a la mesa de negociación el próximo martes, al tiempo que los estibadores mantienen su preaviso de huelga para nueve jornadas de paros parciales durante tres semanas en el mes de marzo.
