La agencia europea de fronteras se enfrenta a una demanda por supuesta falta de transparencia
Frontex, la todopoderosa agencia europea de fronteras, se sienta por primera vez en el banquillo por un caso de derechos civiles. Una española, Luisa Izuzquiza, ha sido la promotora de esta demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que considera falta de transparencia en la gestión de la crisis migratoria que desarrolla esta organización. Demandantes y demandados defenderán este martes sus posiciones en la vista oral que se celebra en Luxemburgo, sede de la institución judicial comunitaria.
No resulta fácil construir un caso contra Frontex, la agencia que desde 2005 coordina la supervisión de las lindes exteriores de la UE y que, a raíz de la crisis migratoria desencadenada en 2015 (inicialmente como crisis de refugiados), reforzó sus poderes de actuación. Hasta ahora ninguna iniciativa había prosperado. La organización, que ha desempeñado un papel clave en la respuesta al fenómeno migratorio acentuado en los últimos años, se ha topado con algunas quejas ante el Defensor del Pueblo Europeo. Todas fueron desestimadas, según explica una portavoz.
Antes de dirigirse al tribunal europeo, Luisa Izuzquiza, experta en asuntos de transparencia, y su compañero Arne Semsrott exploraron otras vías. Lo primero fue solicitar, en septiembre de 2017, información de operaciones en el Mediterráneo a través del portal de transparencia de la Unión Europea. Como parte de una investigación relativa a la respuesta que daban las instituciones comunitarias a la crisis de llegadas de 2015, estos dos ciudadanos preguntaron, a título particular, detalles sobre los barcos que Frontex tenía desplegados en las costas italianas en el marco de la operación Tritón. Fue la primera misión comunitaria de calado para controlar las costas y auxiliar a potenciales náufragos en el Mediterráneo central. La agencia con sede en Varsovia rehusó responder.
“Alegaron motivos de seguridad, pero nosotros respondimos que hay otras operaciones marítimas mucho más transparentes. Además, la agencia sí publica en Twitter fotos y datos de barcos cuando es para promocionar su trabajo. Pese a todo, lo volvieron a denegar”, explica Izuzquiza en conversación telefónica. Aunque esta española afincada en Bruselas trabaja en Corporate Europe Observatory, una ONG que trata de denunciar el poder de los lobbies en la política europea, el caso de Frontex lo construyó por su cuenta. Izuzquiza, Semsrott y tres abogados empezaron a armarlo y lo elevaron al tribunal general de la institución con sede en Luxemburgo. Al tratarse de un organismo europeo, la instancia competente es la comunitaria. El primer fallo de ese tribunal general se puede recurrir ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE.
Frontex argumenta que ya suministra mucha información pública y que la relativa a los barcos no puede divulgarse por motivos de seguridad. “No es que no seamos transparentes. En estas operaciones marítimas intervienen fuerzas de seguridad, así que hay ciertas informaciones que no se pueden desvelar”, defiende una portavoz. Como argumento de que hay más datos que nunca sobre lo que hace esta agencia, ofrece la progresión de documentos publicados: en 2015 fueron 700; en 2017, alrededor de 2.000. Respecto a la idea de que en ocasiones Frontex publica en Twitter fotos y detalles sobre sus operaciones mediterráneas, la portavoz explica que se trata de algo “esporádico, no exhaustivo”. Y siempre con información que no resulta sensible.
En realidad, el flanco de la transparencia es el más concreto que han encontrado estos dos ciudadanos para realizar un cuestionamiento más general de la política de Frontex, hoy denominada oficialmente Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. “Es un primer paso para entrar en detalles relativos a si su comportamiento respeta o no los derechos humanos. La organización es tan opaca que resulta difícil saberlo”, considera la española radicada en Bruselas. Las tareas de Frontex, que solo actúa en coordinación con las fuerzas de seguridad de los Estados miembros donde interviene, han sido cuestionadas por algunas organizaciones de derechos civiles. La principal queja reside en que no ofrecen al migrante irregular todas las opciones para pedir asilo y, en su lugar, fomentan los retornos. La agencia sostiene que todas sus actividades se ajustan a las normas europeas.
Ambas partes tendrán este martes la oportunidad de confrontar sus argumentos en una sesión que será de carácter público. A partir de ahí, los jueces deliberarán. Los demandantes esperan el veredicto para final de año.
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