Este mediodía se han reunido en sede del Ministerio de Fomento los representantes de los trabajadores de la estiba y los negociadores del Gobierno español para tratar el borrador del Decreto que pretende presentar el ministro De la Serna en Consejo de Ministros el viernes de esta semana. No ha habido acuerdo y parece que las posturas continúan muy alejadas.
Por los pasillos del departamento de obras públicas se tiene la falsa creencia que los estibadores están desunidos y que pronto caerán, por lo que quieren ir adelante con su borrador de Decreto, para que entre en vigor en pocos días, y ahorrarse así las multas correspondientes al no acatamiento de la Sentencia de Luxemburgo.
El ministro no ha comprendido aún que los más de 134.000 euros de multa diaria se pueden quedar muy cortos respecto al daño a la economía que puede causar un desabastecimiento de la industria española a través de las importaciones, que pueden quedar paralizadas. Por lo pronto, el Ministerio emitió ayer un comunicado por el que «condena las situaciones de bajo rendimiento y actos vandálicos y de sabotaje que, según las empresas, se están produciendo».
Dese Fomento ya ayer daban por hecho que habrá huelga al señalar que confía «desde el respeto al derecho de huelga, en que se cumplan los servicios mínimos establecidos ante la convocatoria de huelga de los días 20, 22 y 24 de febrero».
La cuestión primordial de la Convención 137
Uno de los caballos de Troya está en la creación de registro de trabajadores portuarios, que marca la Convención 137 de la OIT y está ratificada por España. En el caso de Bélgica, por ejemplo, se ha aceptado por parte de la Comisión Europea.
Las cerca de 50 empresas que han rubricado el acuerdo con los trabajadores piden respetar esta convención internacional. Pero el ministerio se niega a hacerlo… y enviaron al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, a negociar su Decreto con la DG Move. Un error atendiendo a que Llorca es el causante de la situación y el más interesado en que desaparezca la estiba de España tal y como se conoce.
Anesco, por su parte, sigue a lo suyo: sin dar opinión sobre la situación, a excepción de un breve comunicado, también ayer, en el que comentaban que las empresas sufren huelgas encubiertas. En el seno de la patronal están reñidos los partidarios del Decreto contra los que no lo están, que son mayoría atendiendo a las grandes empresas que han firmado con los trabajadores.
Los trabajadores, que han conseguido nuevos e importantes apoyos, como Trasmediterránea o Noatum –en Valencia-, tienen de su parte a prestigiosos juristas que indican al Gobierno que el acatamiento de la sentencia no debe ser sinónimo de finiquitar a los cerca de 7.000 trabajadores.
En este sentido, recuerdan que en la propia sentencia «la Comisión sostiene que las disposiciones del Convenio 137, relativas a las repercusiones sociales de los nuevos métodos de manipulación de cargas en los puertos, en ningún caso obligan a los Estados miembros que han ratificado dicho Convenio a imponer restricciones como las previstas en el régimen portuario español. En efecto, de los ejemplos de regímenes portuarios en vigor en otros Estados miembros –en los que se establecen medidas conformes con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, como las mencionadas en el apartado 42 de la presente sentencia- se desprende que la protección de los trabajadores portuarios y la observancia del Convenio nº 137 pueden garantizarse con medidas de ese tipo».
Los estibadores, desencantados y Anesco se retracta de los acuerdos
En palabras de Miguel Rodríguez, portavoz de Coordinadora, en la reunión con el Gobierno –en la que, esta vez sí estaba el ministro De la Serna; acompañado del secretario de Estado, Gómez Pomar; y el presidente de OPPE, José Llorca, entre otros- “no ha habido opción de cambiar ni una coma al borrador presentado”. Para el también responsable de los estibadores canarios “esto no es un proceso negociador, sino un proceso de consultas”.
En la reunión de esta mañana, los responsables de Coordinadora han dado la posibilidad incluso de suavizar el Registro de trabajadores, línea roja para el Ministerio, “pero ni tan siquiera esta opción, desde la buena voluntad, les ha servido”.
Sí se estudiará la opción, una vez se presente el Decreto el viernes, de que sean las empresas las que se hagan cargo de los trabajadores en caso de extinguirse las Sagep, pero de cara a que Bruselas dé su visto bueno final esta iniciativa no puede ser recogida en el Decreto. Decidirán los Tribunales.
Se activa el preaviso de huelga
Coordinadora y el resto de sindicatos activarán el preaviso de huelga de la próxima semana y están valorando el llevar, más adelante, el Decreto ante los tribunales para que sean éstos los que decidan si su propuesta se adhiere a la Sentencia de Luxemburgo en contra de la opinión del Ejecutivo. Aunque no hay calendario fijado, aún hay tiempo para seguir negociando.
Respecto a la huelga, el ministerio ha informado a los trabajadores que impondrá servicios mínimos en las terminales, lo que supone, para los estibadores “una clara agresión al derecho de huelga”, puesto que tenían preaviso para paralizar la actividad durante 12 horas, y en días alternos.
Por su parte, en la propia reunión, a la que asistían los responsables de la cúpula de Anesco, la patronal “se ha retractado de todo lo negociado anteriormente” y que no fue aprobado por la asamblea de la asociación.
Finalmente, cabe comentar que desde Coordinadora lamentan, denuncian y condenan actuaciones unipersonales violentas en terminales o contra personas y dejan claro que “no tenemos nada que ver con estas situaciones”. En este sentido, “los estibadores actuamos siempre de buena fe con la pretensión de llegar a acuerdos”.
Daniel Molero
