La patronal ha roto las negociaciones con el comité de empresa y ha amenazado con disolver el Centro Portuario de Empleo. El puerto de Bilbao movió el pasado año 35,4 millones de toneladas de carga, pero desde 2008 no ha habido una sola contratación de trabajadores en plantilla.
Sin los estibadores indefinidos no se puede cargar ni descargar un barco en el puerto de Bilbao. Los eventuales no están formados para realizar las operaciones más dificultosas. Después de que los indefinidos propusieran como primer punto de la negociación del nuevo convenio colectivo ampliar la plantilla —que los eventuales pasen a ser fijos—, la patronal ha roto las negociaciones y ha amenazado con disolver el Centro Portuario de Empleo (CPE), que gestiona a los estibadores en plantilla. La respuesta de la asamblea de estibadores ha sido convocar una huelga de 21 días en el puerto de Bilbao, del 8 al 28 de agosto, lo que puede suponer pérdidas millonarias para la patronal, y una convocatoria de movilización que no se recuerda en al menos los últimos veinte años.
Desde que el Partido Popular inició el proceso para liberalizar el sector con la intención de precarizarlo, la plantilla de estibadores indefinidos de Bilbao no ha contado con una sola contratación desde hace doce años, pero sí con múltiples jubilaciones, pasando de los 400 de 2008 a los 320 de 2020. Anteriormente, las cuatro empresas que gestionan —y se benefician— con la carga y descarga de los buques en este puerto crearon una bolsa de eventuales que empezó con 60 operarios y hoy se elevan a 116. Cobran y cotizan por día trabajado, desde hace más de una década.
La reforma del PP, amparada por la libre competencia y una sentencia de la Unión Europea, disolvió las Sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (SAGEP), que eran semipúblicas y contaban con una plantilla estable, y propuso como solución la creación voluntaria de los Centros Portuarios de Empleo (CPE) para subrogar a los indefinidos. Esta transición culminó el 15 de mayo en el Estado. Hasta entonces, los fijos se encontraban en un limbo burocrático pendiente de un ERE o de una subrogación.
Para conseguirla, se comprometieron con la patronal a renunciar a un 10% de la base salarial si no lograban aumentar su productividad un 10%. Pero se negaron a hacer turnos extra como medida de presión para aumentar la plantilla, y deben mantenerse a libre disposición de las empresas tres de cada cuatro fines de semana para atender los picos de trabajo.
Paralelamente, los estibadores fijos se comprometieron con sus compañeros eventuales a que cuando consiguieran estabilidad laboral mediante el CPE, el primer punto que pondrían sobre la mesa para negociar el convenio colectivo sería aumentar la plantilla y tratar de acabar con la figura del temporal. “La patronal se ha negado, ha roto las negociaciones unilateralmente y ha amenazado con disolver el CPE, un organismo que es voluntario —a diferencia del SAGEP, que era obligatorio—”, asegura uno de los estibadores que prefiere mantener el anonimato debido a la tensión que se respira desde hace dos semanas en el puerto.
El pasado lunes, el comité de empresa convocó de urgencia una reunión en la que se propuso la huelga, que ratificó la asamblea. El pasado viernes, notificaron a la patronal el preaviso de la huelga de 21 días. “Los eventuales dijeron con van con nosotros y nosotros, con ellos. No hubo fisuras, sino unanimidad”, asegura el estibador.
Libre competencia con concesiones a 50 años
En 2008 arrancaron las denuncias desde España ante la Unión Europea contra el sistema de estiba español. Dos años después, la empresa ACS de Florentino Pérez vendió su filial Dragados SPL por 720 millones de euros a la multinacional Noatum. Los sindicatos de estiba temían que esta empresa volvería a venderse, esta vez a una empresa china, si se concretaba la reforma de la estiba de 2017, y así fue apenas un mes después. Ahora la compañía se llama CSP Spain.
“Las empresas decían que los estibadores éramos una mafia y que teníamos la exclusividad del trabajo, pero lo que no explican es que ellas tienen concesiones de 50 años para operar en suelo portuario, por lo que nadie puede acceder a montar una empresa de estiba en libre competencia. Cambiará el capital, pero las empresas serán las mismas dentro de 50 años, como lo eran hace 50 años”, advierte el estibador.
El puerto de Bilbao movió el pasado año 35,4 millones de toneladas de carga entre seca, líquida y contenedores, y el volumen de negocios ascendió a 69,3 millones de euros. Se siguió aplicando una rebaja del 10% en la tasa de mercancía T3, iniciada en 2018, para “aumentar la competitividad”, indica la memoria del embarcadero.
Para promover la reforma de la estiba, el loby de los operadores portuarios, la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles, básicamente sostenía que para ganar más dinero debían bajar los salarios de los estibadores hasta los 27.000 euros anuales brutos. Los sindicatos justificaron sus ingresos recordando que el índice de siniestralidad en los puertos es elevado debido a la maquinaria que utilizan y la carga que mueven. La última víctima mortal en Bilbao falleció el 4 de febrero, tras desplomarse la grúa de grandes dimensiones que manejaba.
En el puerto de Bilbao operan cuatro empresas de estiba: CSP Spain, Bergé, SLP y Toro y Betolaza. La fuerza sindical reside en la Coordinadora Puerto de Bilbao, en la que participan de forma mayoritaria la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que aglutina a afiliados de CNT, CGT y sindicatos independientes del ramo. También participan afiliados de UGT, ELA, LAB y Kaia.
La huelga más reciente en este puerto es la de 2017. Fue una convocatoria estatal de días alternos de la que solo se ejecutaron las cuatro primeras jornadas. Para esta convocatoria, “vamos a ir con todo”, sostiene el estibador. La amenaza de disolver el centro que gestiona la carga de trabajo de los indefinidos por solicitar la ampliación de la plantilla con los eventuales ha sentado como un jarro de agua fría.
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