Las protestas se desarrollarán los días 20, 22 y 24 de este mes en todos los puertos de España
Los sindicatos Coordinadora del Mar, UGT, Comisiones Obreras, CGT y la Confederación Intersindical Galega han presentado este lunes el borrador de preaviso de huelga que afectará a todas las empresas estibadoras de los puertos de España los días 20, 22 y 24 de febrero durante las horas impares.
El calendario definitivo de paros está aún en negociación, y por tanto pendiente de concreción y de convocatoria formal. La Coordinadora del Mar ha convocado este miércoles una rueda de prensa en Sevilla para expresar a la opinión pública sus argumentos antes de hacer oficial el preaviso de huelga.
La medida de presión se tomará en rechazo al decreto de liberalización de los servicios de estiba y desestiba en España que «pretende aprobar el Ministerio de Fomento para adaptar la normativa española a las directivas de la Unión Europea».
El 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó al Reino de España a modificar la legislación portuaria que regula la prestación del servicio de manipulación de mercancías en los puertos españoles.
España podría tener que pagar 134.000 euros por cada día que no aplique la sentencia europea que obliga a liberalizar el sector.
Al respecto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha subrayado este lunes que la modificación del modelo de contratación en el sector de la estiba se ha abordado con la máxima flexibilidad que permite la Comisión Europea (CE) para garantizar el empleo y los derechos de los trabajadores.
Con la convocatoria, este colectivo de trabajadores de la red de 46 puertos españoles pretende manifestar su rechazo a la reforma del sector planteada por Fomento, dado que, en su opinión, constituye un «despido generalizado» y un vía de «precariedad y desregulación laboral». Asimismo, reivindican que se retome la negociación sobre la modificación del sector.
El previsible paro de este colectivo afectaría a un sector fundamental para la economía, el de la gestión de la mercancía en los puertos, instalaciones que canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.
Según subrayan los sindicatos, de acuerdo con la «información verbal» facilitada por el Ministerio de Fomento, «las empresas podrán sustituir, libremente, a un 25, 50 y 75% de los actuales trabajadores portuarios durante los tres próximos años».
Para los sindicatos, «la gravedad de la “alternativa” del Ministerio, que supone un “despido generalizado” yla apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria, en modo alguno se deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE, sino una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral, al amparado de argumentos mezquinos sobre supuestas condiciones de privilegio laboral que, en realidad, solo tiene el propósito y la finalidad de incrementar la riqueza de los operadores portuarios y, en modo alguno, beneficiar a los consumidores españoles».
Los sindicatos consideran que por las características de la huelga, que no afectará al tráfico de pasajeros de líneas regulares, no se precisarán servicios mínimos.
El sector de la estiba, que gestiona la carga y descarga de la mercancía que entra y sale de España por mar, está actualmente controlado por sus 6.156 trabajadores, que se organizan a través de las sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep) y que están representados además por un único sindicato, según informa Ep.
Así, las empresas de estiba que quieren operar en los puertos públicos españoles deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores.
El fallo del Tribunal de Justicia de la UE exige, sin embargo, que «las empresas puedan contratar libremente a sus trabajadores» y que en este sector «pueda entrar a trabajar un desempleado con las mismas oportunidades laborales que otra persona que ya esté dentro», según ha explicado De la Serna.
Periodo transitorio
Así, la reforma que planifica Fomento pretende que, tras un periodo transitorio de tres años, las Sagep desaparezcan o se conviertan en centros portuarios de empleo a modo de empresas de trabajo temporal, y que se pueda contratar libremente a los estibadores.
Fomento, a través de Puertos del Estado, reconocerá su capacitación profesional y garantizará la antigüedad y las condiciones y derechos laborales del colectivo de estibadores, mientras que el gestor portuario abonará la correspondiente indemnización si un estibador es despedido.
El Ministerio, no obstante, reconoce que no ha podido asumir varias de las peticiones de los trabajadores por las «líneas rojas» planteadas por la UE que, según asegura, debe dar el visto bueno final a la reforma.
