La liberalización de las contrataciones que prepara el Gobierno para cumplir con Bruselas disgusta al colectivo.
La estiba, la única profesión no abierta a la libertad de contratación en nuestro país, está a punto de levantarse en armas. El Gobierno está elaborando un Real Decreto Ley que pondrá fin a las actuales condiciones laborales en el sector y que, según fuentes de Fomento, cuenta con el visto bueno de la Unión Europea. Así lo exige Bruselas, que reclama a España que adapte su sistema portuario a la normativa de libre competencia.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se reunió el jueves con las empresas y sindicatos del sector para explicarles su propuesta de reforma. Pero el cambio no gusta a la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que ve en ello un proceso de «Expediente de Regulación de Empleo encubierto, en el que se pondrá en la calle a los trabajadores actuales para contratar a otros nuevos», dice su coordinador general, Antolín Goya. «Todo es de palabra, no nos han presentado ningún documento del proyecto», afirma.
La liberalización podría tener un coste económico para las arcas públicas de hasta un máximo de 350 millones de euros en posibles indemnizaciones a los 6.156 trabajadores de esta actividad, por pasivos laborales que asumirá la Autoridad Portuaria. O, en caso de no llevarse a cabo la reforma, supondrá el pago de una multa que ya supera los 21 millones de euros y podría incrementarse sustancialmente.
Con el fin de evitarla, el Gobierno modificará la Ley de Puertos para que no choque con la norma de libertad de establecimiento de la UE, recogida en el artículo 49 del Tratado, y espera contar con el apoyo de una mayoría parlamentaria.
Desde Fomento avisan de que la Comisión Europea está lista para imponer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2014 que multa a España con 21,5 millones por mantener un sistema en el que las empresas estibadoras deben ser socias de las Sociedad Anónima de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep) y no pueden acudir al mercado sino que están obligadas a contratar exclusivamente a trabajadores que sean miembros de dichas Sagep.
Pero, además, las citadas fuentes aseguran que muy pronto España se enfrentará a otra sentencia contraria por no haber cumplido la primera. Ésta tendría un coste para el Estado de más de 134.100 euros diarios por cada día que se retrasase en el cumplimiento de la norma, que, además de por falta de acuerdo con los sindicatos, no ha podido aplicarse hasta el momento por el periodo en que el Gobierno estuvo en funciones y, por tanto, sin capacidad legislativa en el Congreso.
Goya destaca que antes de la sentencia condenatoria «el presidente de Puertos del Estado hizo una mala defensa del sistema portuario español», que considera muy competitivo. Precisamente, según las citadas fuentes, la reforma permitirá mejorar la competitividad de un sector que canaliza el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones españolas.
La normativa en proyecto, cuya aplicación cuenta con un periodo de transición de tres años, propone la libertad de contratación y la no obligación de las empresas de ser parte de una sociedad que suministra los trabajadores. Para ello se crearían sociedades de trabajo temporal (por las características de eventualidad de la profesión) y centros portuarios de empleo, para dar carácter estable al mismo. Respecto a_la formación, recoge la necesidad de una cualificación profesional de los títulos para desempeñar la estiba, que se podrá suplir con una experiencia de 100 jornadas de trabajo. Además, posibilita la entrada de estibadores de la UE en el mercado español.
Desde Puertos del Estado creen que el nuevo sistema puede aportar un ahorro de costes que no vendría tanto de los salarios como de la organización que preconiza. En España entre el 55%y el 65% de los costes de un puerto está relacionado con las labores de carga y descarga, frente al entre 37% y 40% que suponen en Alemania. Y los salarios de los estibadores se sitúan de media en los 60.000 euros anuales, aunque en ocasiones alcanzan los 110.000.
Por su parte, los sindicatos han propuesto un registro de estibadores portuarios con un nivel formativo adecuado, pero esta opción, según fuentes de Fomento, está descartada por la Comisión Europea. «No sabemos cuál es el argumento para negárnoslo», explica Goya.
El clima amenaza tormenta y los estibadores están listos para alzarse en pie de guerra ante una situación que consideran es totalmente opuesta a lo que la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, le dijo que se iba a hacer. «Nos dijo que no había interés por parte del Gobierno en hacer esto» y que se sentarían a negociar. «Hemos transmitido nuestra preocupación por la medida, y el Gobierno nos ha transmitido que no hay proceso de diálogo», asegura el coordinador sindical. Así las cosas, «estamos a punto de hacer un preaviso de huelga».
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