Llevamos ya varios meses donde, al parecer, la única novedad informativa para los medios de comunicación del sistema es el conflicto Catalán. No ponemos en duda su excepcionalidad, pero el circo político y mediático que han creado, no hace más que tapar las miserias y corruptelas del régimen del 78.
Durante todo este tiempo han ocurrido muchas cosas importantes que pueden marcar de una forma muy significativa el devenir de los trabajadores y trabajadoras a nivel global, y no justamente para bien.
La celebración el pasado viernes 27 de Octubre de 2017 de un pleno en el senado en el que se debatían y votaban dos puntos, la aplicación del artículo 155 de la constitución a Cataluña y la aprobación del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Los dos puntos fueron aprobados por la cámara alta, donde el Partido Popular tiene mayoría.
El tratado de libre comercio, hermano pequeño y caballo de troya del famoso TTIP, fue negociado en secreto por la Unión Europea y Canadá, y va a permitir, entre otras cosas la creación de los llamados tribunales de arbitraje internacional (ISDS), en los que cualquier multinacional puede denunciar a un Gobierno de la Unión Europea.
El mecanismo es perverso: una empresa denuncia a un Estado ante un tribunal privado, y por lo tanto influenciable, para poder obligar a este Estado a cambiar una ley que no le beneficia.
En lo que se refiere a la alimentación, el uso del cloro para desinfectar la carne, o la famosa ractopamina, un fármaco para estimular el crecimiento en los cerdos y que está prohibido en más de 160 países por sus efectos adversos en la salud humana, a parte de la avalancha de productos transgénicos que sustentan el mercado Canadiense y que entraran en el mercado Europeo gracias a este tratado.
Pero, ¿Qué efectos tendrá este tratado en el mercado laboral?…
El CETA, provocará una caída del 0,5 % del Producto Interior Bruto de la UE y del 1 % del PIB de Canadá. Conllevará la pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará a la baja los salarios precarizando a un más si cabe las condiciones laborales de los y las trabajadoras.
Las empresas podrán frenar reformas que busquen mejorar la protección del medio ambiente, los estándares laborales o blindar ciertos sectores si alegan que perjudican sus intereses. Unas 46.000 filiales de compañías estadounidenses basadas en Canadá podrían demandar a la UE con este sistema.
Este acuerdo beneficia claramente a las multinacionales en detrimento de los trabajadores y trabajadoras, mina los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente, y pone en riesgo los derechos laborales favoreciendo la privatización de los servicios públicos.
Desde CGT hacemos un llamamiento a todos y todas las trabajadoras para que se movilicen contra el CETA, seguir presionando a todos los estados de la Unión Europea contra este nuevo asalto a los derechos socio-laborales de los y las trabajadoras.
