Europêche celebró que se avance hacia nuevas medidas para erradicar “prácticas laborales explotadoras”.
Aproximadamente 27,6 millones de personas están sufriendo condiciones de trabajo forzado en diversas industrias y en todos los continentes, entre ellas también en la pesca. Para abordar este problema, la Unión Europea (UE) alcanzó un acuerdo provisional sobre una regulación que prohíbe productos fabricados en violación de los derechos humanos y laborales en el mercado común, incluyendo productos del mar una reivindicación del sector comunitario.
El vigués Daniel Voces, director gerente de la patronal Europêche, aseguró que “la lucha de la UE contra el trabajo forzado está evolucionando hacia una nueva fase decisiva, caracterizada por una amplia gama de medidas legales para erradicar prácticas laborales explotadoras”. Considera que la nueva ley ayudará a mantener empleo digno y defender los derechos fundamentales en el sector pesquero a nivel mundial. “El sector pesquero de la UE está listo para ayudar a la Comisión y a los Estados miembros en sus esfuerzos para combatir el trabajo forzado cuando y donde sea necesario”, afirmó, además añadió que la nueva ley ofrecerá a los consumidores europeos “una mayor confianza al comprar productos obtenidos de manera ética y sostenible”.
El acuerdo político introduce modificaciones sustanciales a la propuesta inicial, aclarando los roles tanto de la Comisión como de las autoridades nacionales competentes en los procedimientos de investigación y toma de decisiones. Europêche da la bienvenida a este acuerdo institucional y solicita una implementación rápida del sistema para prohibir efectivamente el comercio de productos pesqueros derivados de trabajo forzado, en sintonía con las políticas de la UE contra la pesca ilegal (IUU). Los legisladores llegaron a un consenso de que la Comisión creará una base de datos destinada a facilitar la aplicación de esta regulación. Esta base de datos recopilará datos confiables y consistentemente actualizados sobre los riesgos de trabajo forzado, incluyendo aportes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su objetivo principal es ayudar a la Comisión y a las autoridades nacionales competentes en la evaluación de posibles violaciones de esta regulación.
El acuerdo provisional también establece criterios explícitos para orientar tanto a la Comisión como a las autoridades nacionales competentes en la evaluación de la probabilidad de violaciones de esta regulación, incluyendo la escala y gravedad del presunto trabajo forzado. Este enfoque cuenta con un fuerte respaldo por parte de Europêche.
